- Francia: De izquierda a derecha, el ministro del Interior, el primer ministro y el ministro de Salud (los 3 personajes con corbata) anuncian una serie de medidas que violan la Constitución y ceden la palabra al presidente del Consejo Científico sobre el Covid-19 y del Comité Nacional de Ética (al centro, sin corbata) para que aporte su “bendición científica”.
Colegialidad de fachada
La epidemia de Covid-19 tomó desprevenidos a los responsables políticos, que habían olvidado su principal función: garantizar la protección de sus conciudadanos.
Llenos de pánico, esos responsables políticos recurrieron a ciertos gurús, principalmente al matemático británico Neil Ferguson del Imperial College [
1] y al médico estadounidense Richard Hatchett, ex colaborador del secretario de Defensa Donald Rumsfeld y actual jefe de la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) [
2]. Y, al anunciar las decisiones, los políticos invocaron a esos científicos para justificarlas y se escudaron en la aprobación de personalidades con cierta autoridad moral.
El resultado fue que en Francia –país laico por excelencia– el presidente Emmanuel Macron se rodeó de un Consejo Científico para el Covid-19, conformado principalmente con matemáticos y médicos, bajo la autoridad del presidente del Comité Consultativo Nacional de Ética.
Es de público conocimiento que los científicos no estaban de acuerdo entre sí sobre la manera de enfrentar la epidemia. Por consiguiente, al conformar el «Consejo Científico» se excluyó a los científicos que el gobierno no quería escuchar para dar la palabra únicamente a aquellos cuyo discurso parecía “apropiado”. Por otro lado, la nominación de una personalidad “moral” para encabezar ese dispositivo tuvo como objetivo justificar una serie de decisiones que afectan las libertades ciudadanas presentándolas como decisiones necesarias, a pesar de que contradicen la Constitución de la República.
Dicho de otra manera, este “Consejo” fue sólo una pantalla destinada a cubrir la responsabilidad del presidente de la República y del gobierno. Por cierto, es necesario recordar aquí que ya existían una administración de la Salud Pública y un Alto Consejo de Salud Pública, mientras que la creación del nuevo Consejo no tiene ninguna base legal.
Los debates sobre la manera de enfrentar la epidemia y los tratamientos aplicables cayeron rápidamente en el mayor desorden. El presidente Macron designó entonces una segunda instancia –un Comité de Análisis en Investigación y Experticia, supuestamente encargado de poner orden. Lejos de ser un foro científico, ese nuevo Comité defendió las posiciones de la CEPI, en contra de la experiencia de los médicos clínicos.
El papel de los responsables políticos es estar al servicio de sus conciudadanos, en vez de limitarse a gozar de los automóviles oficiales del Estado y de pedir auxilio cuando caen en pánico. El papel de los médicos es ocuparse de sus pacientes, en vez de perder el tiempo en seminarios de dudosa utilidad en las playas de las islas Seychelles.
El caso de los matemáticos es diferente. Su papel consiste en cuantificar observaciones, pero algunos de ellos desataron el pánico para apropiarse una parte del Poder.
La política y la medicina como ciencias
Sea o no del agrado de políticos y médicos, el hecho es que la política y la medicina son ciencias. Pero durante los últimos años tanto la política como la medicina han sucumbido al interés monetario, convirtiéndose así en las ocupaciones más corruptas de Occidente –seguidas de cerca por la actividad periodística. No abundan los políticos o médicos capaces de poner en tela de juicio lo que supuestamente “saben”, a pesar de que ese proceso de constante cuestionamiento debe ser la cualidad básica de todo científico. A lo que se dedican ahora es a “hacer carrera”.
La ciudadanía no sabe defenderse de esta degradación de nuestras sociedades. En primer lugar, los ciudadanos estiman que tienen derecho a criticar a los responsables políticos. Pero, extrañamente, no se creen con derecho a hacer lo mismo con los médicos. En segundo lugar, la muerte de un paciente puede llevar la ciudadanía a recurrir a los tribunales contra los médicos… pero nadie denuncia la corrupción de los médicos por parte de la industria farmacéutica. Sin embargo, la existencia de esa corrupción está lejos de ser un secreto: es también de público conocimiento que las transnacionales farmacéuticas disponen de enormes presupuestos y de gigantescas redes de cabilderos, capaces de alcanzar a cualquier médico en los países desarrollados. Al cabo de años de ese rejuego, las profesiones médicas han perdido el verdadero sentido de su profesión.
Algunos políticos protegen a sus países. Otros no.
Hay médicos que se ocupan de sus pacientes. Otros se ocupan sobre todo de ganar dinero.
En algunos hospitales, los pacientes sospechosos de haber contraído el Covid-19 tenían 5 veces más posibilidades de morir que en otras instalaciones de salud, a pesar de que los médicos que debían ocuparse de ellos habían seguido exactamente los mismos estudios y disponían del mismo material.
La ciudadanía debe exigir que se den a conocer los resultados concretos de cada instalación hospitalaria.
El profesor francés Didier Raoult se ocupa con éxito de personas que han contraído enfermedades infecciosas, éxito gracias al cual pudo construir el instituto que hoy dirige en Marsella. La profesora, también francesa, Karine Lacombe trabaja para la transnacional estadounidense Gilead Sciences, lo cual le valió convertirse en jefa del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Saint-Antoine, en París. Gilead Sciences es la empresa estadounidense que tuvo como presidente a un tal… Donald Rumsfeld –otra vez aparece este nombre– y que produce los medicamentos más caros y a menudo menos eficaces del mundo.
Para ser más claro aún, no estoy diciendo que los médicos en general sean corruptos sino que se hallan bajo la dirección de una serie de “mandarines” y de una administración ampliamente corruptos. Ahí reside el problema de los hospitales franceses, que obtienen resultados mediocres a pesar de que disponen de un presupuesto muy superior al de la mayoría de los demás países desarrollados. No es una cuestión de dinero sino de adónde va ese dinero.
La prensa médica ya no es científica
La prensa médica ha dejado de ser científica. No me refiero a las cuestiones oscuramente ideológicas denunciadas en 1996 por el físico Alan Sokal [
3] sino al hecho que el 75% de los artículos que se publican ahora son inverificables.
De manera casi unánime, los grandes medios de difusión participaron en una campaña de intoxicación en favor de un estudio publicado en
The Lancet, estudio que condena el protocolo de tratamiento contra el Covid-19 utilizado en Marsella por el profesor Didier Raoult mientras que abre el camino al medicamento de Gilead Science, el Remdesivir [
4]. No importó que el estudio no se basara en casos escogidos al azar, que no sea verificable, ni que su principal autor –el doctor Mandeep Mehra– trabaje en el hospital Brigham de Boston precisamente en la promoción de Remdesivir, todo lo cual indica que el estudio en cuestión no es lo que pudiera llamarse “imparcial”. Sólo el
Guardian fue un poco más lejos y señaló que los datos utilizados en la realización de ese estudio están manifiestamente falsificados [
5].
Cualquiera que lea ese «
estudio» tendría que preguntarse ¿cómo es posible que
The Lancet, que tiene la reputación de ser una «
prestigiosa revista científica», haya podido publicar una superchería tan burda? Pero, ¿no hemos encontrado antes supercherías idénticas en las publicaciones políticas «
de referencia», como el diario estadounidense
The New York Times y el francés
Le Monde? Basta señalar que
The Lancet es publicado por el principal editor médico del mundo, el grupo holandés Elsevier, que amasa jugosas ganancias vendiendo artículos a precios astronómicos y creando falsas publicaciones científicas redactadas de cabo a rabo por la industria farmacéutica para vender sus productos [
6].
Hace poco denuncié en este sitio web la operación de la OTAN tendiente a favorecer, mediante la manipulación de motores de búsqueda en internet, ciertas fuentes de información “confiables” en detrimento de otras [
7]. El hecho es que el mero nombre de un editor o de un medio nunca constituye una garantía definitiva de competencia o de sinceridad en materia de información. El público debe juzgar cada libro, cada artículo en función de su contenido real y aplicándole el máximo rigor de su espíritu crítico.
El «consenso científico»
contra la ciencia
Hace años que los científicos diplomados han dejado de interesarse por la ciencia y prefieren acogerse al consenso de su profesión. Ese fenómeno ya pudo verse en el siglo XVII, cuando los astrónomos de aquella época se concertaron en contra de Galileo. Como no podían hacerlo callar, recurrieron a la iglesia y esta lo condenó a pudrirse en la cárcel de por vida. Con esa acción, Roma imponía el «consenso científico».
Algo similar ocurrió hace 16 años, cuando la justicia de París rechazó todas mis denuncias contra grandes diarios que me difamaban sin otro argumento que la afirmación según la cual lo que yo escribía no podía ser cierto… porque el «consenso periodístico» decía lo contrario. Pero nadie podía echar abajo las pruebas que yo esgrimía.
Es también en nombre del «
consenso científico» que el público sigue creyendo en el «
calentamiento climático», creencia promovida por la ex primer ministro británica Margaret Thatcher [
8]. Pero nadie toma en cuenta los numerosos debates científicos sobre ese tema.
La verdad no es una opinión sino el fruto de un proceso de búsqueda. La verdad no se determina por votación y siempre hay que preguntarse si es realmente cierta.
la primera guerra civil inglesa, también llamada «Gran Rebelión», entre los seguidores de Oliver Cromwell y los defensores del rey Carlos I, de 1642 a 1651; 
